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Las decisiones objetivas de los costos políticos

La toma de decisiones basada en el análisis de datos y uso de algoritmos se implementó por primera vez en 1939 durante la segunda guerra mundial, cuando las fuerzas británicas trataban de investigar las operaciones tácticas aéreas alemanas mediante el uso de un nuevo radar. No es por otra cosa que a la rama de las matemáticas que se enfoca en el análisis de datos para la toma de decisiones se le llama Investigación de Operaciones (I.O.) o Investigación Operativa, en donde se parte de un principio económico: la escasez. De hecho, el primer antecedente a la I.O. fue dado por el economista francés Quesnay con la programación matemática en 1759, durante la revolución industrial.

Todo gobierno, sin importar el nivel de desarrollo que tenga, se enfrenta a la dicotomía de administrar recursos escasos a una población con necesidades infinitas, intentando beneficiar a la mayor cantidad de personas con una misma decisión. Esta dicotomía, por lo cruel que suene, representa el problema modelo en la I.O., por lo que no es una locura plantear el hecho de generar políticas públicas como un ejercicio de optimización, ya que se tienen todas las características necesarias.

Todo lo anterior depende necesariamente de la tenencia de datos, pues sin estos es imposible resolver objetivamente un problema de asignación de recursos, por lo que es absolutamente necesario que se generen los datos que permitan caracterizar el problema en cuestión.

El manejo de datos ha venido en ascenso gracias a la proliferación de dispositivos electrónicos, principalmente a partir de la década de los 90, que permiten realizar cálculos complejos en pocos segundos. Lo anterior ha permitido manejar grandes cantidades de datos para obtener resultados de interés.

En México se ha diseñado incluso una guía técnica para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, que gira en torno a dos ejes, planeación e integración del programa. En el primer eje se toca lo referente a lo normativo, mientras en el segundo se incorporan los elementos necesarios del programa. Esto suena bastante convincente en las 22 cuartillas de dicha guía, en donde se detallan una serie de pasos a seguir para la generación de nuevos programas. En la parte del diagnóstico, designan un subapartado a la recolección de datos y otro al análisis de estos, por lo que sobre el papel todos los programas en México deben de contar con el sustento de la evidencia empírica.

La gran pregunta es que si existe una guía bastante clara que ayuda tomar decisiones sobre una base objetiva, ¿en qué parte se encuentra el origen de que un programa no brinde los resultados esperados? ¿En la guía? ¿En los datos? ¿En la propuesta? ¿En la ejecución del programa? ¿En todas las opciones anteriores?

Lo anterior, es confirmado por Jill Rutter y Benoit Guerin quienes dicen que “la evidencia nunca volvería a ser el único determinante de las decisiones políticas” ya que los políticos tienen en mente el costo político de una decisión, por encima de lo óptimo, lo que lleva a transformar una buena idea en algo desastroso.

Robert Lawrence en su artículo titulado “How good politics results in bad policy”, analiza el caso de las barreras impuestas a los biocombustibles en Estados Unidos a pesar de los grandes beneficios que genera el uso de estos productos. Este autor expone una serie de argumentos favorables acerca del uso de biocombustibles en varias industrias, que beneficiarían a una buena proporción de la población, sin embargo en lugar de alentar el uso de estos, impusieron barreras para su uso. Esto refuerza la hipótesis que se tiene acerca del balance que realizan los políticos a la hora de tomar decisiones.

Es decir, si tomar una decisión sobre una base metodológica firme, con datos confiables, conlleva haber tomado la mejor de estas, anularía todo requerimiento de evaluación, pues sería un absoluto desperdicio de recursos evaluar algo que de por sí se sabe que no se pudo haber hallado una mejor solución, entonces ¿qué vuelve tan necesaria la evaluación?

Si se toma en cuenta el lema del principal órgano evaluador en México, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): “lo que se mide se puede mejorar”, se dará uno cuenta que se puede ahorrar una jugosa cantidad de dinero si desde un principio se considera tomar decisiones racionales, sobre una base objetiva de decisión.

Es posible que el Coneval acertadamente haya considerado el hecho de que los tomadores de decisiones políticas las hacen políticos, al menos en México, y no sucede como en la conformación del Estado de Platón, en donde los gobernantes deberían ser los intelectuales, por lo que esta situación genera distorsiones desde sus orígenes.

Por tal motivo es que la evaluación de políticas públicas es imprescindible para todo gobierno, porque genera ese desincentivo a preponderar los costos políticos sobre la eficacia del ejercicio de los recursos.

Por otro lado, como se ha visto, las decisiones sobre bases objetivas y el hecho de saber que dichas decisiones serán evaluadas, no son garantía de que se obtendrán los mejores resultados, el vivo ejemplo se llama Prospera, anteriormente conocido como Oportunidades y aún más atrás conocido como Progresa y Solidaridad. Es el programa que ha sufrido modificaciones a partir del análisis de datos, también es posible que sea el programa que más se ha evaluado, tanto por organismos descentralizados como por instituciones académicas. Tal parece ser que es un programa vitalicio del que se conocen sus inicios pero parece que nunca tendrá fin, así como sus constantes evaluaciones. No obstante es necesario seguir presionando para que se tomen cada vez más decisiones mayoritariamente objetivas y minoritariamente políticas, utilizando la evaluación como la principal válvula de presión.


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