¿Qué sigue para México después de obtener la distribución internacional de la vacuna contra el COVID 19?

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México debería comenzar a considerar un plan integral para la distribución de la vacuna contra el COVID 19. En un mundo globalizado con economías dinámicas, una estrategia integral internacional y nacional es fundamental. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2020), se debe “atender de manera integral la emergencia sanitaria” (p.4.) para enfrentarla con urgencia y mitigar sus impactos.

   La llegada de este virus evidenció deficiencias en las instituciones del sector salud en el país. Sin embargo, estas han existido desde antes de la crisis de salud global caracterizada por ser “el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial” (PNUD, 2020).

   De acuerdo con el último Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social realizado en 2018 por el CONEVAL, el sistema de salud en México tiene una organización fragmentada y compleja. Esto se refleja en la oferta de una protección incompleta y desigual a la población que, a su vez, se evidencia en el 16.2 por ciento de la población en carencia por acceso a los servicios de salud[1] (CONEVAL, 2018).

   Como línea de acción conjunta, países y organizaciones han sumado esfuerzos para acelerar el proceso de creación de una vacuna contra el COVID 19. De forma global, se habla de estrategias de distribución a implementarse una vez se obtenga la fórmula más efectiva.

   La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone dos fases para la distribución. La primera establece entregar el número de vacunas correspondiente al tres por ciento de la población de cada país y así sucesivamente hasta alcanzar la vacunación del 20 por ciento en cada uno. La segunda se refiere a una fase de seguimiento para ampliar esta cobertura si es que existen graves limitaciones de suministro (OMS, 2020, p7).

   Es importante señalar que concierne a los países el cómo distribuirán la vacuna en toda su población; es decir, aun cuando la OMS los apoyará a que tengan acceso a la misma, corresponde a cada uno de estos establecer una estrategia interna para su correcta, eficiente y ética distribución.

   De forma general, para poder tomar la mejor decisión hay que analizar el contexto bajo el cual se recibiría la vacuna. Evaluar diferentes aspectos como la accesibilidad, disponibilidad y calidad del derecho a la salud en México, así como los programas presupuestarios de la Secretaría de Salud[2] resulta elemental para entender el Sistema de Salud en México.

   Para la formulación de un plan de distribución es necesario evaluar las condiciones actuales y el punto de partida, como las características del sector salud en el país, la evolución de la pandemia en la población, sus efectos en la economía, entre otros. De esta manera es posible hacer una planeación que considere las oportunidades y restricciones que se puedan presentar.

   En el caso de México, se puede proponer adaptar el “Modelo Justo de Prioridad” (MJP) planteado por un grupo de expertos en el foro de política en la revista Science (Emanuel, et al., 2020). Este modelo trabaja bajo un marco conceptual ético e integral para la asignación de vacunas. Identifica tres tipos de daños causados por el COVID 19:

  1. Mortalidad y daño permanente a los órganos.
  2. Daña indirectamente la salud, incluso a los no infectados, al saturar los sistemas de atención médica, aumentar las tasas de mortalidad por enfermedades comunes, dañar la salud mental y acelerar la propagación de enfermedades al obstaculizar las inmunizaciones.
  3. Devastó la economía mundial, provocando desempleo, declive económico, pobreza y hambre.

   Con base en estos tres tipos de daño, el modelo establece tres fases para la distribución de las vacunas. La primera tiene por objetivo reducir las muertes prematuras y otros impactos sanitarios directos e indirectos irreversibles. La segunda, reducir las privaciones económicas y sociales graves, como el cierre de empresas y escuelas. Y la tercera, reducir la propagación y permitir el restablecimiento de las libertades económicas y sociales (Emanuel, et al., 2020).

   Para su eficiente implementación se requieren instituciones sólidas y datos claros. El plan propuesto en el MJP presenta una estructura con una medida estándar utilizada en los cálculos, por lo que, con una correcta adaptación de los datos, su implementación plantea limitar los daños, beneficiar a los desfavorecidos y reconocer una preocupación equitativa (Emanuel, et al., 2020).

   Un plan con el cual aminorar los efectos de la pandemia por COVID 19 en el país, y en sus individuos, el cual no esté basado en la improvisación, es crucial. Sobre todo, considerando que México se encuentra dentro de los quince países con mayor tasa de mortalidad por cada cien mil habitantes, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins (Johns Hopkins University and Medicine, 2020).

   El conocimiento sobre el COVID 19, su evolución y sus complicaciones en la salud a largo plazo representa un reto al momento de generar una planeación. Por esta razón, se deberán sentar las bases para una toma de decisión precisa, con base en la información disponible y sus futuras actualizaciones.

   De acuerdo con el CONEVAL, una consideración relevante es el “Implementar programas que atiendan de manera efectiva las problemáticas emergentes” (CONEVAL, 2020). El MJP enfatiza su capacidad de incluir nuevos datos y la apertura a adaptarse naturalmente a los cambios en nuestro conocimiento de COVID 19.

   La vacunación contra el COVID 19 y su correcto plan de distribución es esencial para mitigar los efectos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo se podrá evitar muertes prematuras; a mediano atenuar efectos indirectos como desempleo, rezago educativo e incremento en pobreza; y a largo disminuir y eliminar los contagios.

   Una correcta planeación basada en evidencia, acompañada de un buen análisis de los datos para priorizar programas de atención a problemáticas emergentes, debe formar parte de los proyectos prioritarios del Gobierno. De esta forma, México podría encaminar su recuperación económica y social con un plan de vacunación estratégico y equitativo.


[1] El acceso a los servicios de salud es uno de los indicadores de carencia social en la medición multidimensional de la pobreza que realiza CONEVAL.

[2] Dicha evaluación se genera anualmente por el CONEVAL. De igual forma, emitió el documento “Consideraciones para el proceso presupuestario 2021”, en el cual se detalla los “Programas relevantes y medidas extraordinarias para la atención de la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad producida por el virus SARSCoV-2 (COVID-19)”, así como los “Grupos vulnerables por la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)” y los  “Programas y acciones federales que atienden a los grupos más vulnerables por la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”.

Referencias:

Sobre el Autor:
Camila Rojas Jiménez


Practicante en Evaluación de Políticas Públicas

Trainee en Análisis Socio-Económico

Sobre el Autor:
Camila Rojas Jiménez


Practicante en Evaluación de Políticas Públicas
Trainee en Análisis Socio-Económico